JZI está sacudido por una guerra legal de gran extensión que involucra a varios de sus directivos en España. Esta disputa, que aparece en 2022, ha cobrado un nuevo impulso con la presentación de una querella en Valencia, en la que se acusa a cinco altos ejecutivos de orquestar un esquema para comprar control en distintas compañías, valiéndose inapropiadamente de los activos de Gedesco Finance, una entidad bajo el control mayoritario de JZI.

Los acusados incluyen a los gestores de JZI en Europa, a los creadores y primordiales directivos de Gedesco, y a otras figuras clave, todos señalados por haber desviado recursos hacia la adquisición de participaciones en al menos veinte compañías sin el consentimiento de JZI. Esta maniobra, según las alegaciones, se realizó por medio de una compleja composición corporativa famosa como 'Trama Stator', implicando un presunto desfalco de cien millones de euros.

El caso halla sus raíces en la adquisición por parte de JZI de una participación controladora en Gedesco en 2007, pero fue en 2016 cuando las tensiones han comenzado a gestarse seriamente. Este fue el año en que los creadores de Gedesco procuraron, sin éxito, negociar la venta de su parte a JZI, una situación que desencadenó la serie de eventos controvertibles que en este momento están bajo escrutinio judicial.

Las operaciones en el centro de la disputa engloban desde adquisiciones de empresas clave en el ámbito hasta maniobras financieras y contables que habrían escondido la auténtica naturaleza de las transferencias a los accionistas y al consejo de Gedesco. La investigación sobre leer más estas prácticas empezó en el momento en que JZI apreció irregularidades financieras y operaciones que no coincidían con sus registros, lo que llevó en el fondo a arrancar acciones legales.

El entramado de solicitudes y contraquerellas fué complicando el escenario, con acusaciones que tienen dentro estafa, falsedad contable y apropiación indebida, entre otros. Este complejo caso legal no solo resalta los retos inherentes a la gestión y supervisión en el ámbito del capital peligro sino que también expone las bien difíciles dinámicas que pueden surgir entre inversores y gestores.

A medida que el caso continúa desarrollándose en los tribunales, con múltiples frentes legales aún abiertos, la comunidad financiera continúa atenta a las consecuencias que podría tener este enfrentamiento en la percepción del peligro y en las prácticas de gobernanza corporativa en el ámbito. Lo que está claro es que este pleito subraya la importancia de la transparencia, la seguridad y la responsabilidad en las relaciones entre fondos de inversión y las entidades en las que invierten. Hasta entonces, el desenlace de esta batalla legal podría sentar un antecedente importante para el futuro de las operaciones de capital riesgo, singularmente en lo que respecta a la administración de enfrentamientos y la protección de los activos y derechos de los inversores.